El único procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, cambia su voto al ‘no’ tras escuchar las críticas hacia la anterior consejera de Industria, Ana Carlota.
“Esto es lo que les importa la Comunidad”, señala la socialista Yolanda Sacristán, que defiende la necesidad de recuperar el valor de la soberanía industrial estratégica, la protección del tejido productivo y el apoyo a la creación de empresas.
El grupo parlamentario socialista de las Cortes de Castilla y León ha presentado este martes una PNL destinada a la creación de un nuevo Plan de Promoción Industrial (2022-2027) elaborado públicamente, de manera consensuada y dialogada con el sector, con los agentes sociales y los grupos parlamentarios. Una iniciativa que ha sido lapidada por PP y Vox durante la Comisión de Industria, Comercio y Empleo, y en la que el único procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, ha cambiado su voto al ‘no’, tras escuchar las críticas hacia la exconsejera Ana Carlota.
La procuradora socialista, Yolanda Sacristán, ha defendido que Castilla y León “necesita un plan de industrialización que corrija los desequilibrios territoriales, que genere empleo de calidad, que frene la sangría poblacional, y que apueste por un cambio de modelo productivo”, unos argumentos que lamentablemente no han sido considerados en sede parlamentaria.
“No creen en una política industrial para Castilla y León, con mayor autonomía en sectores estratégicos, que fomente y apoye nuestro tejido productivo. Simplemente ustedes no creen en la política industrial o, si creen en ella, la verdad es que demuestran muy poca capacidad dados los resultados obtenidos desde que, por desgracia, el Partido Popular gobierna esta Comunidad”, ha añadido la política leonesa.
Argumentando su exposición con datos, Sacristán ha evidenciado que la industrialización en Castilla y León es totalmente desigual, tanto en lo que se refiere a sectores, como a nivel territorial.
“Esto demuestra el desastre que ha supuesto su falta de actuación’ en el sector industrial, como también lo demuestra el fracaso del Plan de Promoción Industrial 2017-2020, o la inutilidad de los programas territoriales de Fomento, derivados de dicho plan”, ha apuntado.
La procuradora ha acusado que sin haber sido explicado en Cortes el mencionado Plan 2017-2020, se lanzó la elaboración del siguiente, el Plan 2021-2025, del cual ha realizado una pormenorizada valoración, evidenciando que fue elaborado por una consultora externa por una cantidad que superaba los 135.500 euros.
“Se trata de un documento que usa la plantilla del anterior, con una serie de obviedades de manual de economía regional, de forma que en un 90% es perfectamente aplicable a cualquier otra comunidad autónoma”.
Yolanda Sacristán también ha explicado que está lleno de errores e imprecisiones que hacen imposible el seguimiento de su ejecución. “En ningún momento realiza ningún tipo de análisis provincial y, a pesar de que se asegura que se han realizado numerosas entrevistas y mesas redondas, no aparece ni la más mínima referencia a los participantes ni a los resultados”, ha puntualizado Sacristán.
Otra de las conclusiones del análisis realizado por el PSOE lamenta que “no se contemple la pandemia y su repercusión, ya que los fondos europeos y el PRTR tienen que suponer un cambio en el modelo económico, y por tanto en el modelo industrial de Castilla y León”. “Evidentemente no han oído hablar del Pacto para la Recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión Social en Castilla y León, firmado por las fuerzas políticas para atajar los efectos de la Covid-19 y que tanto debería influir en este II plan director si supieran lo que es”, ha finalizado Yolanda Sacristán.
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